Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió que ocultar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos abre una puerta importante a la corrupción y deja a la ciudadanía en una posición de mayor indefensión frente a los gobiernos.
En declaraciones realizadas el 12 de octubre de 2026, Talavera cuestionó que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya trasladado decisiones relevantes sobre transparencia a instituciones vinculadas con el Poder Ejecutivo federal.
Menos autonomía para exigir rendición de cuentas
La presidenta del SNA sostuvo que Transparencia para el Pueblo cuenta con atribuciones similares a las del Ejecutivo federal, por lo que, desde su perspectiva, ya no existe una institución autónoma con capacidad suficiente para intervenir cuando una dependencia se niega a entregar información pública.
Talavera afirmó que las excepciones para reservar información se utilizan cada vez con mayor frecuencia y consideró que esta práctica puede afectar el derecho ciudadano a conocer el patrimonio de quienes ejercen cargos públicos. También señaló que las omisiones de servidores públicos encargados de garantizar la transparencia podrían generar responsabilidades administrativas y, en determinados casos, penales.
Cuestionamientos a los órganos internos de control
La titular del SNA también cuestionó la independencia de los órganos internos de control, debido a que su personal recibe el pago de una secretaría del Gobierno federal. A su juicio, esta relación jerárquica puede dificultar que auditores y contralores supervisen a las mismas instituciones de las que dependen sus condiciones laborales.
Talavera consideró que esta situación representa una línea débil para la integridad institucional, especialmente cuando los órganos de control deben investigar, observar o recomendar acciones a funcionarios de la administración pública federal.
El Comité Coordinador no ha sesionado en lo que va del año
Otro de los señalamientos se relaciona con la operación del SNA. Talavera afirmó que el Comité Coordinador no ha podido sesionar desde enero de 2026, pese a que ella convocó en tres ocasiones a sus integrantes; dos reuniones fueron canceladas por el secretario ejecutivo y una más por otra autoridad.
La falta de sesiones se suma a las vacantes que persisten en el Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes son designados por el Senado. Talavera indicó que su encargo concluirá en febrero de 2027 y que la Cámara Alta aún no ha completado los nombramientos pendientes.
El SNA fue creado para coordinar a distintas autoridades en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de los recursos públicos. La paralización de su Comité Coordinador limita la posibilidad de que el sistema adopte acuerdos y dé seguimiento conjunto a esas tareas.
Talavera reconoció que la complejidad del modelo anticorrupción también ha dificultado su funcionamiento, pero defendió la importancia de las acciones preventivas. Señaló que aunque prevenir un soborno no siempre produce resultados visibles, estas medidas pueden modificar conductas y fortalecer la integridad en el servicio público.