El Estado mexicano ofreció el 6 de octubre de 2026 una disculpa pública por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra integrantes del grupo político conocido como Los Goyos entre 1958 y 1966, en Poza Rica, Veracruz. El acto fue encabezado por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de la Recomendación 137VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante la ceremonia, el Gobierno de México reconoció la exigencia de verdad y justicia de las víctimas y sus familias, además de expresar un compromiso de no repetición. También fueron reivindicadas las personas que participaron en la defensa de la democracia, las libertades y los derechos de la comunidad pozarricense.
La disculpa fue recibida por Nadia Altamirano Herrera a nombre de las personas afectadas. En el acto también participaron la profesora Ana Lidia Olivares Peña y el historiador Mario Ángel Román del Valle, así como familiares de las víctimas y autoridades federales, estatales y municipales.
La Matanza de los Goyos ocurrió el 6 de octubre de 1958, cuando cerca de 11 mil habitantes de Poza Rica se manifestaron contra un presunto fraude electoral cometido en perjuicio de Fausto Dávila Solís, candidato independiente a la presidencia municipal. La movilización fue reprimida y derivó en detenciones, agresiones y muertes.
La investigación documentó violaciones graves al derecho a la vida de siete personas, una de ellas menor de edad; desaparición forzada transitoria de cinco víctimas; afectaciones al derecho a la seguridad jurídica de seis personas; y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra 16 víctimas.
Entre las personas reconocidas como víctimas se encuentran Consuelo Marroquín Gayoso, Mario Trejo Candia, Carlos Ugalde García, Eusebio Ugalde, Antonio Terán García, Antonio López Ruiz y Alfonso Segovia Pérez. La cantidad total de personas fallecidas no quedó establecida; testimonios y publicaciones de la época señalaron que pudo haber entre 30 y 80 víctimas.
La Recomendación 137VG/2023 también identificó responsabilidades institucionales relacionadas con la entonces Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría de Justicia de Veracruz y el Ayuntamiento de Poza Rica. El acto de disculpa forma parte de las medidas de reconocimiento, memoria y reparación dirigidas a las víctimas y sus familias.