La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de la detención y traslado del exfiscal estatal César Jáuregui al penal del Altiplano por su presunta responsabilidad en un operativo realizado con participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Durante su conferencia matutina del martes 20 de octubre de 2026, Sheinbaum sostuvo que la investigación debe continuar conforme a la ley y negó que el caso forme parte de una negociación política con la mandataria estatal. “La justicia está por encima, incluso de la política”, afirmó.
La presidenta también señaló que, hasta el momento, no existen pruebas que vinculen directamente a Maru Campos con la autorización del operativo. En cambio, describió como irresponsable la actuación atribuida al exfiscal por permitir la participación de personal extranjero armado en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano sin la autorización federal correspondiente.
El caso se relaciona con un operativo efectuado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde fue localizado un presunto narcolaboratorio. En los hechos murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía estatal.
César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua. Posteriormente, autoridades federales cumplimentaron una orden de aprehensión y lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, por una investigación relacionada con presunta traición a la patria.
Además de la investigación federal, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le atribuye presuntas irregularidades por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionadas con la autorización o facilitación de actividades de agentes estadounidenses en instalaciones y operativos de la corporación estatal.
Maru Campos ha declarado que nadie está por encima de la ley y que toda cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse con apego al marco jurídico. La gobernadora también se ha deslindado de cualquier responsabilidad directa en las decisiones que derivaron en la participación de los agentes extranjeros.
La investigación permanece abierta para determinar quién autorizó la intervención de los agentes de la CIA, bajo qué condiciones ingresaron al operativo y si existieron otras omisiones de funcionarios estatales o federales.