La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el miércoles 26 de agosto de 2026 una iniciativa para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. La propuesta será enviada al Congreso para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la protección, conservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.
El proyecto busca sustituir un marco jurídico promulgado en 1988 y adecuarlo a desafíos que han adquirido mayor relevancia en las últimas décadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos, costas, ríos y otros ecosistemas.
Nuevas herramientas para la protección ambiental
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la iniciativa incorpora un programa de restauración ecológica y disposiciones específicas sobre cambio climático, elementos que no estaban contemplados en la legislación original. También plantea mecanismos para otorgar mayor certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones vinculadas con proyectos que puedan generar impactos ambientales.
Entre las propuestas se encuentran una evaluación ambiental estratégica para grandes proyectos, el análisis integral de impactos acumulativos y nuevas medidas de prevención, inspección, investigación y sanción. El proyecto también contempla fortalecer la reparación y remediación de daños ambientales, así como establecer compensaciones y mecanismos de financiamiento para recuperar ecosistemas deteriorados.
Justicia ambiental y participación ciudadana
Bárcena señaló que la nueva legislación pretende establecer una relación distinta entre desarrollo, bienestar, prosperidad y naturaleza, con la justicia ambiental como uno de sus ejes. La propuesta coloca en el centro a las personas, las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El proyecto integra avances científicos, tecnológicos y de innovación con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Además, refuerza la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental, junto con la protección del derecho a un medio ambiente sano.
La iniciativa también incluye disposiciones relacionadas con la economía circular, la reducción de residuos, la conservación y restauración de ecosistemas, la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el patrimonio biocultural. Asimismo, plantea medidas para proteger especies emblemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente.
El documento será turnado al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión. Con ello comenzará el proceso legislativo para actualizar el principal marco jurídico ambiental del país, vigente desde hace casi cuatro décadas.