La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera y establecer un nuevo mecanismo de revisión para adquisiciones de capital extranjero que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
La propuesta llega pocos días después de que el Gobierno federal presumiera una inversión extranjera directa cercana a 35 mil millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026. El contraste entre la cifra récord y el endurecimiento de los controles plantea nuevas preguntas sobre las reglas para invertir en México.
¿Qué plantea la iniciativa?
El proyecto propone crear un apartado específico sobre seguridad nacional en las inversiones extranjeras. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendría facultades para identificar, mitigar o impedir operaciones que comprometan intereses estratégicos del país.
El nuevo filtro aplicaría a inversiones directas o indirectas que superen 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana, rebasen un umbral de activos que todavía deberá determinar la Comisión y estén vinculadas con actividades consideradas estratégicas.
Entre los sectores sujetos a una revisión especial se encuentran energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, infraestructura crítica, nuevas tecnologías y actividades relacionadas con el manejo de información sensible.
El debate entre seguridad y certidumbre
La reforma busca que México cuente con un mecanismo similar al utilizado por Estados Unidos y Canadá para analizar inversiones por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, el alcance de las nuevas facultades y la definición de los sectores estratégicos serán determinantes para evitar procedimientos impredecibles.
Representantes del sector empresarial han expresado disposición a fortalecer la revisión de operaciones sensibles, pero también han advertido que los controles no deben retrasar proyectos productivos ni generar incertidumbre para las empresas interesadas en establecerse en el país.
El Congreso deberá analizar el contenido de la iniciativa y definir si mantiene, modifica o amplía los criterios propuestos. Mientras tanto, la discusión se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversión y, al mismo tiempo, proteger áreas consideradas estratégicas para México.