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ONU advierte que el crimen organizado afecta escuelas y expone a menores en México

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la violencia relacionada con el crimen organizado en México contribuye al cierre de escuelas, la deserción escolar y el desplazamiento forzado, además de exponer a niñas, niños y adolescentes al reclutamiento por grupos delictivos. En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del país, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, recomendó adoptar medidas nacionales de prevención y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El Comité también manifestó preocupación por las desapariciones, la explotación sexual y la trata de menores, y señaló que niñas, niños y adolescentes afectados no siempre son reconocidos como víctimas. Planteó que la prevención incluya estrategias comunitarias con participación de organizaciones civiles y de la propia infancia.

Recomienda proteger la educación y la salud

Entre sus recomendaciones, el organismo pidió priorizar la investigación y sanción de desapariciones, feminicidios y otros delitos contra menores, así como establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno. También instó a mantener los servicios educativos y de salud en todo el territorio y a proteger al personal que los presta.

El documento señala que los bloqueos pueden impedir el acceso de personal sanitario a algunas comunidades e interrumpir campañas de vacunación y tratamientos especializados. Además, recomienda evaluar por entidad y municipio los efectos de la inseguridad sobre los derechos de la población, con atención particular a la infancia, las comunidades indígenas y las zonas rurales.

Pide medidas para familias de personas desaparecidas

El Comité advirtió que los hijos e hijas de personas desaparecidas pueden enfrentar abandono escolar, pérdida de redes de apoyo y exposición al acoso y la violencia. También señaló que las mujeres que buscan a sus familiares pueden perder empleo, ingresos, vivienda y seguridad social.

Para estas familias, recomendó garantizar apoyos económicos, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores, sin importar la entidad donde residan. Asimismo, pidió restablecer el presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas y asegurar fondos estatales para apoyar a quienes resulten afectados por desapariciones.

Propone un registro de personas desplazadas

Ante la falta de una ley general contra el desplazamiento forzado interno, el organismo recomendó crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas, además de establecer condiciones para que puedan regresar de forma segura.

En materia educativa, también planteó una estrategia integral contra el abandono escolar que considere la violencia, la pérdida de cuidadores, la separación familiar y el desplazamiento. Sus recomendaciones incluyen aumentar la inversión por estudiante, evaluar el impacto de las becas, eliminar costos ocultos en la educación primaria y fortalecer la educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas.