La inteligencia artificial podría ayudar a reducir esperas y facilitar trámites, pero su incorporación al gobierno mexicano depende de resolver obstáculos como la falta de talento especializado, los datos fragmentados y los procedimientos poco claros. Esas conclusiones forman parte del informe “Hacia un Estado más eficiente y moderno al servicio de cada ciudadano”, elaborado por Access Partnership por encargo de Salesforce y presentado en un encuentro con participantes del sector público, la academia y centros de investigación.
El desafío, de acuerdo con el documento y las intervenciones del encuentro, no consiste solo en adoptar herramientas: también implica preparar a las instituciones para utilizarlas de manera confiable, con beneficios perceptibles para la ciudadanía y mecanismos de supervisión.
México, por debajo del promedio en preparación para la IA
En el Índice Global de Preparación para la IA 2025, México obtuvo 15.3 puntos de 50, frente a un promedio global de 22.1. Brasil registró 18 puntos y Argentina, 14.1. El informe identifica brechas regionales en adopción, inversión, innovación y disponibilidad de talento.
El estudio describe a México como un ecosistema con potencial, pero con avances desiguales: las capacidades tienden a concentrarse en organizaciones grandes, mientras que pequeñas empresas y dependencias públicas enfrentan retos de capacitación e infraestructura digital. También menciona iniciativas como el proyecto Coatlicue y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.
Primero, procesos definidos y datos disponibles
Durante el panel en México, el funcionario de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Marco Antonio Moreno Ibarra señaló que digitalizar un proceso requiere que esté definido y cuente con datos. La inteligencia artificial, advirtió, no corrige por sí misma procedimientos desordenados ni normas ambiguas. También planteó que la capacitación debe ajustarse a los distintos niveles de gobierno, desde las personas titulares de las dependencias hasta el personal operativo.
Diego Flores Jiménez, de la Secretaría de Economía, señaló la necesidad de una política de datos, lineamientos claros para el uso de IA y mayor infraestructura digital. El encuentro también puso sobre la mesa la coordinación entre instituciones y la falta de un marco normativo más concreto.
Barreras y prioridades para ampliar el uso público
El informe identifica cinco obstáculos para escalar estas herramientas: reglas rígidas de contratación pública, falta de interoperabilidad entre sistemas, el equilibrio entre soberanía tecnológica y acceso a soluciones disponibles, escasez de talento y falta de confianza.
Como respuesta, propone seis prioridades: formar talento especializado; impulsar proyectos centrados en necesidades ciudadanas; modernizar las compras públicas; fortalecer la gobernanza y la supervisión humana; conectar los datos entre dependencias, y asegurar transparencia y rendición de cuentas.
Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM, pidió articular iniciativas y establecer reglas más concretas. También advirtió que los sistemas pueden reproducir sesgos o excluir a grupos de la población, por lo que propuso evaluar y auditar las herramientas antes y después de su implementación. En los servicios dirigidos al público, añadió, debe considerarse la diversidad de lenguas del país.
El beneficio debe reflejarse en la atención a las personas
La responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Salesforce, Teresa Verthein, sostuvo que el objetivo no es incorporar inteligencia artificial por novedad, sino generar beneficios concretos para la ciudadanía, como menos filas y papeleo.
Así, el avance no dependerá únicamente de cuántas herramientas se instalen. El informe y los participantes plantean que también será necesario contar con procesos claros, datos conectados, personal capacitado y controles que permitan que la tecnología mejore la manera en que las personas resuelven sus necesidades ante el Estado.

