El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió firmeza contra los responsables de los disturbios y saqueos ocurridos el sábado 17 de octubre de 2026 durante las protestas contra el encarecimiento de la vida, el aumento de los combustibles y las carencias en la educación pública. Las autoridades reportaron cerca de 2 mil 400 detenidos y casi mil policías y gendarmes heridos en distintas ciudades del país.
En un mensaje televisado el domingo 18 de octubre, Macron afirmó que nada justifica la violencia y señaló a grupos que identificó como extremistas de izquierda. El mandatario distinguió entre quienes participaron en las movilizaciones pacíficas y quienes, según su postura, aprovecharon las protestas para provocar destrozos, incendios y saqueos.
Los disturbios afectaron a comercios y edificios públicos en varias ciudades. En Limoges, el ayuntamiento fue incendiado, mientras que en Marsella se registraron daños en instalaciones municipales; además, hubo vehículos quemados y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Macron prometió ayudas rápidas para los comerciantes afectados y pidió al gobierno revisar la gestión policial de las movilizaciones. También exigió respuestas sobre las fallas de previsión y coordinación, y advirtió que algunas manifestaciones podrían ser prohibidas si las autoridades consideran que existe riesgo de nuevos actos violentos.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, asumió responsabilidad por la respuesta de seguridad y presentó su dimisión, pero Macron la rechazó el lunes 19 de octubre. El presidente le pidió desplegar nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos y mantener el control de la situación.
Un movimiento con varias demandas
Las protestas comenzaron semanas atrás con la participación de estudiantes de secundaria inconformes con el deterioro de las escuelas, el hacinamiento en las aulas, la sobrecarga de horarios, la falta de profesores y la insuficiencia de recursos. También reclaman cambios en los sistemas de admisión a la educación superior, que consideran demasiado selectivos.
A las movilizaciones se sumaron sindicatos, activistas y agricultores, con demandas relacionadas con el costo de vida, el precio de los combustibles y el aumento de los gastos de producción agrícola. Aunque numerosas concentraciones se desarrollaron de manera pacífica, los actos violentos terminaron por dominar la respuesta política y la cobertura de la jornada.
Presión política sobre el gobierno
La oposición cuestionó la respuesta presidencial. Jordan Bardella, dirigente de la Agrupación Nacional, calificó de insuficiente el discurso de Macron y pidió su salida, mientras Marine Le Pen habló de una crisis de confianza y autoridad. Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon exigió atender las reivindicaciones de los manifestantes y evitar una escalada de la confrontación.
Para buscar una salida a la crisis, el primer ministro Sébastien Lecornu prevé reunirse con representantes políticos y posteriormente con sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios. El gobierno enfrenta ahora el reto de responder a las demandas sociales sin permitir que nuevas movilizaciones deriven en más saqueos, incendios y choques con las fuerzas de seguridad.