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Investigan transferencias vinculadas con un exdirectivo del INE y empresas proveedoras

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Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), es investigado por presuntas transferencias de empresas relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La información publicada el 16 de noviembre de 2026 señala que las pesquisas incluyen movimientos bancarios, depósitos en efectivo y la compra de un departamento.

Las indagatorias se centran en posibles pagos de Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas a una cuenta personal de Cuervo Escalona, registrados presuntamente como viáticos o préstamos. Los reportes describen transferencias por alrededor de 3 millones de pesos mediante Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones y la adquisición al contado de un departamento valuado en 1.95 millones de pesos.

Su trayectoria en el instituto

Cuervo Escalona ingresó al entonces Instituto Federal Electoral a finales de 2003. En 2011 ocupaba una dirección de análisis y, posteriormente, fue responsable de proyectos y director de Coordinación y Análisis, puesto desde el cual participó en tareas vinculadas con lineamientos y materiales electorales.

Documentos corporativos citados en reportes periodísticos también lo vinculan como apoderado de Cajas Graf y Corporativo ZEG. Esta relación empresarial, junto con los movimientos financieros señalados, forma parte de las líneas de investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales.

Contratos y presunta concentración de proveedores

Las pesquisas se desarrollan en el contexto de contratos obtenidos por empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas para suministrar materiales electorales a organismos locales. Reportes sobre adjudicaciones entre 2016 y 2023 mencionan montos de 302.9 millones de pesos en Veracruz, 203.6 millones en Hidalgo y 69.5 millones en Coahuila.

Las autoridades investigan si las especificaciones de los materiales y la actuación de distintas empresas afectaron la competencia en procesos de contratación. Las transferencias y posibles irregularidades descritas son señalamientos sujetos a investigación; por sí mismos, no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.