El Gobierno de Hidalgo se deslindó del proyecto de construcción del relleno sanitario Siete Mezquites, ubicado en la comunidad de El Llano, municipio de Tula, al señalar que se trata de una inversión privada y que la empresa responsable no cuenta, hasta el momento, con los permisos ambientales estatales para operar.
El proyecto surgió después de la crisis de basura registrada en la zona sur del estado, un problema que involucró a por lo menos 13 municipios. Sin embargo, habitantes de Tezontepec de Aldama y otras demarcaciones han rechazado la instalación por el riesgo que, aseguran, representarían las filtraciones de lixiviados para los mantos freáticos de la región.
De acuerdo con los inconformes, los pozos y manantiales ubicados en la zona abastecen de agua potable a alrededor de 300 mil personas de municipios como Tezontepec de Aldama, Progreso de Obregón y Mixquiahuala, entre otros. Por ello, mantienen movilizaciones y solicitan que el proyecto sea cancelado de manera definitiva.
El estado niega haber impulsado la obra
La administración estatal indicó que no diseñó ni promovió el relleno sanitario. Precisó que corresponde a una inversión privada que debe cumplir con los procedimientos técnicos, legales y ambientales antes de iniciar operaciones.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo no ha otorgado autorización para la operación del sitio, según la postura difundida por el gobierno estatal. Además, autoridades estatales han señalado que los municipios son los responsables directos de la recolección, el traslado y la disposición final de los residuos.
En semanas recientes, habitantes de la región se manifestaron para exigir la suspensión del proyecto y una revisión independiente de sus posibles impactos. Legisladores locales también solicitaron mayor inspección, transparencia y verificación técnica para determinar si el predio es ambientalmente viable.
Vecinos denuncian depósito de residuos
Los opositores al relleno sanitario afirmaron que ya se habían depositado desechos en los terrenos, pese a la falta de autorización para su operación. Por esta razón, exigieron el retiro inmediato de los residuos y una definición clara sobre el futuro del proyecto.
El Gobierno de Hidalgo advirtió que, si se detectan incumplimientos a la legislación ambiental, las autoridades competentes pueden iniciar procedimientos sancionadores contra la empresa responsable y contra los funcionarios municipales que resulten involucrados.
Mientras continúa la controversia, los habitantes solicitan que cualquier decisión se tome con base en estudios técnicos verificables y bajo criterios de protección al agua y a la salud de las comunidades del Valle del Mezquital.