Las familias desalojadas del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cumplieron este 27 de agosto de 2026 un año fuera de sus hogares y exigieron agilizar el proceso de expropiación que les permitiría recuperar una vivienda en el predio.
El desalojo ocurrió el 27 de agosto de 2025 por una orden judicial. Desde entonces, los afectados han permanecido en distintas condiciones de alojamiento y, durante varios meses, mantuvieron un campamento frente al inmueble para exigir una solución habitacional.
En julio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México publicó una declaratoria de utilidad pública para el predio. Además, el Comité del Patrimonio Inmobiliario consideró procedente iniciar los trámites de expropiación, como parte de un proyecto de vivienda para el inmueble.
El planteamiento de las autoridades contempla expropiar el edificio y ofrecer a las personas afectadas la posibilidad de adquirir los departamentos que habitaban antes del desalojo. Sin embargo, al cumplirse un año, las familias permanecen a la espera de información precisa sobre los siguientes pasos y los tiempos del procedimiento.
La mayoría de los habitantes son personas adultas mayores, lo que ha complicado su permanencia fuera de sus casas. Las familias también reportaron que durante este periodo fallecieron tres vecinos que no alcanzaron a regresar al inmueble.
Como apoyo temporal, parte de las familias recibió alojamiento y recursos para resguardar sus pertenencias. No obstante, los afectados sostienen que estas medidas no sustituyen la restitución de una vivienda estable ni resuelven la incertidumbre sobre su futuro.
Tras el desalojo, los vecinos realizaron manifestaciones y otras acciones de protesta para reclamar el retorno al edificio, denunciar presuntas irregularidades y solicitar acompañamiento legal. También pidieron que el inmueble sea destinado a vivienda y no a un esquema de renta turística.
El caso de Cuba 11 permanece vinculado al debate sobre los desalojos, el derecho a la vivienda y la protección de las personas adultas mayores en la Ciudad de México. Mientras avanza el proceso administrativo, las familias continúan esperando una definición que les permita saber si podrán volver a vivir en el lugar que ocuparon durante años.