Entrevistas ministeriales y dictámenes periciales incorporados a la causa penal 408/2026 señalan que dos ciudadanos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black participaron armados en un operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, durante abril de 2026. El expediente también derivó en órdenes de aprehensión contra el exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, y el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.
De acuerdo con las constancias ministeriales, los extranjeros no habrían actuado únicamente como observadores. Testimonios de agentes estatales los ubican integrados a una célula táctica que portaba armas largas, utilizaba pasamontañas, consultaba coordenadas mediante tabletas electrónicas y mantenía coordinación con mandos de la Agencia Estatal de Investigación.
Testimonios ubican a los extranjeros dentro del convoy
El agente Ricardo Faustino Campos Ocón declaró que observó a personas que hablaban inglés y que los extranjeros salieron integrados en el convoy desde la cochera de la Fiscalía de Chihuahua. Esta versión contradice la explicación inicial de que los ciudadanos estadounidenses habrían solicitado transporte en la zona serrana.
Por su parte, Martín Abad Leal Tapia, integrante del Grupo de Operaciones Tácticas, sostuvo que dos personas permanecían encapuchadas y apartadas del resto del campamento. Según su declaración, los extranjeros participaron en caminatas tácticas y tenían comunicación directa con responsables del operativo.
Peritajes documentan movimientos de vehículos y personas
Un peritaje informático forense estableció que un Volkswagen Jetta color plata, rentado por Richard Leiter Johnston III, ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua el 16 de abril de 2026 y permaneció en ese lugar hasta el 19 de abril. El documento sostiene que el vehículo estuvo bajo resguardo de la dependencia antes, durante y después del despliegue en la sierra.
Otro dictamen, elaborado a partir de cámaras de videovigilancia, registró el movimiento de hombres con mochilas dentro del inmueble oficial el 16 de abril. El análisis también reportó la presencia posterior de un tercer sujeto cuyas características coincidían con las de la célula extranjera investigada.
Investigación apunta a falta de formalidades legales
El dictamen de Criminalística de Campo de la Policía Federal Ministerial, fechado el 11 de septiembre de 2026, concluyó que el despliegue de fuerzas estatales y ciudadanos estadounidenses no contaba con un fundamento legal documentado. El análisis señaló que no existían datos de una carpeta de investigación iniciada ni de una diligencia que justificara la actuación del personal involucrado.
El expediente refiere además que la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de la planeación táctica y afirmó que su participación se limitó a proporcionar seguridad periférica a petición de la Fiscalía estatal.
Orden para no difundir información del accidente
La investigación también documenta el accidente ocurrido durante el regreso del convoy, cuando una camioneta Ford F-150 vinculada con la Agencia Estatal de Investigación se volcó y posteriormente explotó. El vehículo transportaba bidones de gasolina, según las constancias citadas en el expediente.
Martín Abad Leal Tapia declaró que, después del accidente ocurrido durante la madrugada del 19 de abril, recibió instrucciones de no tomar fotografías ni difundir información sobre lo sucedido. La orden, según su testimonio, habría sido transmitida en nombre de Guillermo Zuany.
La presencia de los ciudadanos estadounidenses en el operativo y las presuntas irregularidades en su participación forman parte de las investigaciones estatales y federales. César Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo conservan la presunción de inocencia mientras continúan los procedimientos judiciales correspondientes.

