En medio de la crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei, exconsejeros electorales cuestionaron que el gobierno, legisladores y dirigentes de Morena responsabilicen a administraciones anteriores. Sus críticas apuntan a que esa narrativa podría desviar la atención del caso y afectar la imagen del organismo.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo que atribuir los problemas actuales al pasado es una estrategia política. En su opinión, presentar el caso como resultado de una “mafia electoral” de décadas anteriores busca deslindar a los responsables presentes, en lugar de concentrar la discusión en las irregularidades señaladas.
Advierten un costo para el instituto
José Woldenberg, también expresidente del IFE, afirmó que desacreditar a exconsejeros perjudica tanto a las personas señaladas como al ambiente político y al propio INE. Entre quienes han sido mencionados en el debate están Ugalde y Lorenzo Córdova; Woldenberg rechazó que se les trate como responsables de delitos sin sustento, según su valoración.
María Marván, exconsejera del IFE, consideró que el descrédito acumulado contra el organismo podría servir para justificar una reforma electoral que modifique o elimine su estructura actual. Describió esa posibilidad como un riesgo para las instituciones y la ciudadanía.
Ugalde planteó una preocupación similar: si el INE se presenta como una institución irremediablemente corrupta, dijo, podría abrirse paso la propuesta de desaparecerlo, en vez de reparar los daños que se acrediten. Esa advertencia es una interpretación del exconsejero, no una decisión anunciada sobre el futuro del organismo.
Nacif pide centrar la atención en las denuncias
Benito Nacif, exconsejero electoral, describió las acusaciones contra integrantes de administraciones anteriores como una posible cortina de humo para trasladar la discusión hacia hechos pasados. También sostuvo que el INE contaba con procedimientos para nombrar a titulares de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las opiniones de los exconsejeros se producen mientras el caso de presuntas irregularidades en el instituto sigue bajo escrutinio. Sus señalamientos expresan distintas lecturas políticas sobre la crisis; por sí solos, no determinan responsabilidades ni sustituyen las investigaciones correspondientes.