Veintitrés congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron el 16 de noviembre al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigar la adjudicación de cinco contratos por cerca de 7,500 millones de dólares para obras de infraestructura fronteriza en el sector de Big Bend, Texas. La solicitud busca revisar el proceso de contratación, la posible influencia política y si el gasto responde a una necesidad operativa.
La petición fue encabezada por la representante texana Verónica Escobar y dirigida al inspector general del DHS, Joseph Cuffari. Los legisladores solicitaron examinar, entre otros puntos, si los contratos se otorgaron mediante competencia abierta y si se justificaron adecuadamente los procedimientos no competitivos o acelerados.
Qué contratos piden revisar
La carta identifica cinco adjudicaciones: dos para Barnard Construction, por cerca de 1,000 millones y 960.4 millones de dólares; dos para Fisher Sand & Gravel, por 1,200 millones y 2,600 millones; y una para Southwest Valley Constructors, por 1,700 millones de dólares, relacionada con trabajos en el Parque Nacional Big Bend.
Los congresistas señalan vínculos políticos que, a su juicio, justifican una revisión, pero advierten que esos antecedentes no prueban por sí mismos que los contratos se hayan adjudicado de manera indebida. Entre los datos incluidos en la carta están donaciones de Tim Barnard, presidente de Barnard Construction, a un comité de recaudación relacionado con la campaña de Donald Trump en 2024, y pagos que Fisher Sand & Gravel habría realizado a una firma de consultoría asociada anteriormente con Tom Homan.
Preguntas sobre necesidad y supervisión
La solicitud también plantea revisar si el nivel de cruces irregulares en la región justifica las obras, si las exenciones legales y ambientales redujeron las salvaguardas de supervisión y si el trabajo asignado a las empresas cambió respecto de lo descrito durante las licitaciones. La carta sostiene que los contratos abarcan zonas que incluyen el parque nacional, el Big Bend Ranch State Park y terrenos privados.
La iniciativa llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera al Gobierno continuar la construcción fronteriza en Big Bend, tras una pausa ordenada por un tribunal inferior. Los congresistas solicitaron una respuesta sobre el calendario de una eventual investigación antes del 20 de noviembre; la petición, por sí sola, no confirma que el inspector general haya iniciado una.

