La familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández busca que tres empresas y siete personas físicas sean vinculadas a proceso por el delito de homicidio culposo, durante la audiencia que se realiza este domingo 18 de octubre de 2026 en los juzgados de la Ciudad de México, por el colapso de una estructura ocurrido en el festival AXE Ceremonia.
El hecho ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, donde murieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles. La estructura cayó durante el festival y provocó la muerte de ambos trabajadores de la cobertura periodística.
La audiencia representa un avance en el proceso penal, luego de más de un año y seis meses de los hechos. La acusación sostiene que las muertes pudieron derivar de una cadena de negligencias y decisiones tomadas por personas y empresas involucradas en la organización del evento, sin que ello implique una intención directa de causar daño.
De las empresas señaladas, dos pertenecen a Grupo Eco y otra corresponde a Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario. También fueron identificadas como parte de la imputación Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.
En una audiencia anterior, una oficial de Protección Civil del festival ya fue vinculada a proceso. La familia considera que esa resolución constituye un antecedente para analizar la probable responsabilidad de las empresas y de las personas físicas que aún deben resolver su situación jurídica.
La familia de Miguel Ángel Rojas también denunció que recibió presiones para aceptar un acuerdo de reparación económica. Diana Laura Rojas Hernández afirmó que les advirtieron que, si no firmaban en ese momento, podrían quedarse sin una compensación, y señaló que incluso se habría utilizado la situación médica de su padre para presionarlos.
No estamos pidiendo que se condene a nadie por adelantado.
La hermana del fotoperiodista sostuvo que la exigencia de la familia es que el Poder Judicial de la Ciudad de México determine la probable participación de las empresas y permita que el procedimiento avance conforme a la ley.
El homicidio culposo se refiere a una muerte atribuida a negligencia, falta de cuidado o incumplimiento de obligaciones, sin que necesariamente exista intención de provocar el fallecimiento. De acuerdo con lo expuesto por la representación legal, las personas físicas podrían enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, mientras que las empresas podrían recibir sanciones económicas, restricciones operativas o incluso una disolución si se determina su responsabilidad penal.
La audiencia deberá definir si existen elementos suficientes para vincular a proceso a las personas y empresas imputadas. Mientras tanto, la familia mantiene su reclamo de justicia y de mayores condiciones de seguridad para quienes trabajan en conciertos y festivales.