Un tribunal penal dictó una nueva sentencia de 238 años de prisión contra Édgar Francisco Franco Ríos, abogado y director del despacho Punto Legal, por fraude en perjuicio de 28 víctimas en León, Guanajuato. Con esta resolución, el sentenciado acumula penas por mil 256 años y cuatro meses de prisión.
La Fiscalía General del Estado informó que el caso se relaciona con la oferta de inmuebles supuestamente ubicados en remates bancarios. De acuerdo con la investigación, las propiedades no estaban en litigio y el abogado no contaba con facultades legales para venderlas.
La nueva sentencia corresponde a 28 víctimas
En el juicio más reciente, el tribunal impuso una pena de 238 años de prisión, además de una multa de 248 mil 349.60 pesos y el pago de 9 millones 719 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño.
El esquema consistía en ofrecer casas a precios atractivos y solicitar pagos en efectivo. La autoridad estableció que los inmuebles promocionados no se encontraban en algún procedimiento de remate y que el sentenciado no tenía autorización para concretar las operaciones.
Acumula tres sentencias condenatorias
Antes de esta resolución, el abogado había recibido dos sentencias dictadas el 26 y el 30 de junio de 2026. La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó 580 años, para un acumulado de mil 18 años y cuatro meses por fraudes cometidos contra 107 personas.
La Fiscalía señaló que, conforme al Código Penal del Estado de Guanajuato, la pena que se compurgaría por la nueva sentencia tendría un máximo de 40 años. En los fallos anteriores también se ordenó la reparación del daño material, moral y por perjuicios, así como la suspensión de la cédula profesional.
Aún hay víctimas en espera de juicio
Con la nueva condena, las autoridades reportan que 135 víctimas del despacho Punto Legal ya cuentan con una sentencia relacionada con el fraude. Sin embargo, todavía hay alrededor de 100 personas que esperan la celebración de sus respectivos juicios.
El sentenciado permanece recluido en el Cereso de León, mientras continúan los procesos judiciales derivados de las denuncias presentadas por otras personas afectadas.